LAS CINCO PARTES QUE FUERON PUBLICADAS EN LA JORNADA ENTRE EL 17 DE SEPTIEMBRE Y EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011
Una reunión que pareció salir del cronista de sociales quien firmaba con el seudónimo del Duque de Otranto y que en los sesentas deleitaba a la gente bonita con su columna Los trescientos y más, la analiza Adolfo Sánchez Rebolledo en una colaboración reciente en La Jornada: “un encuentro pensado para sentar los cimientos de un nuevo proyecto nacional”, organizado por los editores de la revista Líderes de México, terminó con un franco desencuentro –atemperado por las formas– entre el presidente Calderón y los más prominentes invitados”.
Aunque hay varios temas que ameritarían comentarios sobre esa reunión, me quisiera detenerme en uno que expuso el presidente Calderón: “ yo quiero invitarlos, amigas y amigos, amigos de corazón, a que estas elecciones, si no les gustan los partidos políticos, hagan un partido político; si no les gustan los candidatos a diputados, sean ustedes los candidatos a diputados”.
Por principios de cuentas no deja de ser un chiste cruel llamar a formar partidos cuando como se sabe la formación de nuevos partidos están tremendamente limitada por la legislación electoral tanto por los requisitos que se exigen como por el hecho que sólo cada seis años se abren las condiciones para registrar nuevos partidos.
Segundo es bastante chocante que a todos los que critican a los gobiernos se les mande periódicamente – y no sólo Calderón- a formar partidos. Esto supone dos ideas equivocadas. Una que criticar a los poderes no es sí misma una actividad política responsable que no requiere de otra justificación que el acto mismo de criticar. Y segundo que al parecer la única forma o al menos la crucial para “producir política” son los partidos mismos.
Difiero de esta visión. Criticar a los poderes es una tarea ciudadana de primer orden. Es una actividad política por antonomasia y aunque muchos de los que critican al gobierno –en ese caso al gobierno de Calderón- realizan además otras actividades políticas, la sola crítica es clave para la construcción democrática.
Pero por otro lado es falso que sólo en los partidos se “produce política”. El activismo ciudadano en sus diversas facetas es también una actividad eminentemente política. Aunque soy de los que consideran que los partidos son pieza clave en los regímenes democráticos, me parece un grave error subestimar la acción política que genera el activismo ciudadano y en consecuencia menospreciar el papel que las asociaciones ciudadanas no partidistas juegan en el fortalecimiento de la democracia.
Quisiera dedicar las siguientes entregas a discutir estos temas porque desde los grupos de activistas y no sólo desde los partidos, es indispensable buscar respuestas a la pregunta clave de cómo debe gobernarse la pluralidad en nuestro país.
Es deseable acotar el término sociedad civil dado que se presta a suplantaciones o representaciones ficticias. Aparentemente lo contundente en México es el escaso número de ciudadanos que se comprometen en formas de acción colectiva lo cual genera una errónea idea sobre el mentado individualismo atávico del mexicano ajeno a la participación política.
En términos de propósitos de la acción colectiva encuentro tres. Aquellos que ven a las acciones colectivas como plataforma de lanzamiento propio o de grupo, es decir, en clave clientelista. Aquéllos otros para quienes aquéllas son etapas necesarias para influir sobre el poder o acceder a él, es decir, en clave oposicionista. Y aquéllos para quienes las acciones colectivas buscan transformar la sociedad y no aspiran a acceder a forma alguna de poder institucionalizado, es decir, en clave insurgente.
Esta diversidad de luchas supone una intensidad participativa desigual y explica el problema central que afronta el activismo ciudadano en una sociedad fragmentada con un tejido social deshilvanado: la ausencia de espacios vinculantes capaces de articular luchas y causas.
A fuerza de repetirlo se vuelve una frase gastada, pero es cierto que vivimos un momento excepcional. Si lo vemos por el lado de las oportunidades abiertas se puede decir que vivimos un momento cardenista. Es decir una situación en donde el contexto internacional y la situación doméstica se alinean de suerte tal que convocan a la renovación y al cambio.
La profunda crisis internacional, que se expresa en desempleo y shocks financieros, es en verdad una crisis de gobernabilidad mundial. Los arreglos de la post segunda guerra mundial aparentemente renovados con el fin de la guerra fría en los noventas, carecen de capacidad para conducir los cambios y transformaciones que han ocurrido en los ámbitos económico-financieros, geopolíticos y demográficos.
Al mismo tiempo, en el espacio doméstico, la transición mexicana debilitó el eje de la gobernabilidad del régimen autoritario pero sin generar una nueva forma de relación entre los poderes, y entre éstos y los ciudadanos. El estancamiento económico, las dificultades para procesar acuerdos, el desmoronamiento del centro político y el fortalecimiento de poderes paralelos al poder del estado, bloquearon la transición democrática y generaron una forma de régimen especial que he denominado el Estado otomano.
Lo característico de este régimen es el desmadejamiento del poder del estado y la captura de áreas completas de la intervención estatal por parte de grupos de interés, incluyendo de manera prominente el crimen organizado. Se trata de un estado parasitario que extrae excedentes y privilegia a grupos rentistas.
Desde el gobierno de Zedillo se buscó hacer efectivo un postulado radical del neoliberalismo que se resume en la famosa frase de la Thatcher respecto a que la sociedad no existe. De ahí el deliberado propósito por fragmentar colectividades y repudiar formas de acción solidaria. Gramsci hablaba de un mecanismo más sofisticado vinculado con la construcción de hegemonía que denominaba transformismo.
El propósito es claro: desarticular desde abajo, pulverizar las instancias de gobierno y concentrar el poder fuera del Estado en algunos poderes fácticos.
Lo específico de este Estado otomano es que obstruye o debilita los espacios vinculantes particularmente cuando se trata de formas de articulación para la resistencia o la oposición. Por ello y por la situación de emergencia que vive el país es de la mayor importancia fortalecer los movimientos ciudadanos encontrando espacios vinculantes.
Lo que estamos presenciando en relación con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y su relación con el gobierno federal es justamente ese intento por dividir. Es claro que una gran cantidad de movimientos que buscan restablecer la paz han surgido a medida que la situación de inseguridad y violencia en el país crecen. Algunas organizaciones y dirigentes emblemáticos como las señoras Wallace y Morera y el señor Martí han impulsado importantes iniciativas para que el gobierno modifique su enfoque sobre el combate al crimen organizado. Todas han sido interlocutores privilegiados del gobierno en distintos momentos.
Por eso extraña y preocupa que ahora para incumplir un acuerdo público con MPJD se recurra al viejo estratagema de “no hay compromisos de exclusividad”. Afortunadamente la dirigente del grupo ciudadano Causa en Común María Elena Morera declaró ayer que dichas organizaciones están trabajando para definir una agenda en común y que el gobierno debería cumplir primero con el movimiento impulsado por Sicilia y luego expandir ese diálogo con las demás organizaciones.
En esta misma perspectiva de generar más espacios vinculantes que enfrenten la fragmentación social no se puede menos que felicitarse por la constitución formal de MORENA impulsada por AMLO en un propósito que más allá de las causas específicas que pregona, refuerza muchas otras iniciativas ciudadanas.
Dos eventos ocurridos recientemente nos recuerdan por si hace falta dos de las más graves crisis que convergen en la coyuntura actual.
Por un lado un grupo de más de 40 políticos, intelectuales y académicos publican un desplegado en donde argumentan a favor de gobiernos de coalición. Se trata de un grupo heterogéneo en donde convergen quienes ven en los gobiernos de coalición una forma de reforzar el presidencialismo –la iniciativa del senador Beltrones es clara al respecto- y quienes conciben los gobiernos de coalición como el tránsito hacia un régimen semi-presidencial o parlamentario –como es el caso de Cordera, Woldenberg, Becerra, y otros firmantes de un documento producido hace más de un año por el Instituto de Estudios para la Transición de la Democracia intitulado Equidad social y parlamentarismo.
La polémica desatada por el manifiesto Por una democracia constitucional ha coincidido con el debate de la minuta de reforma política enviada por el Senado a la Cámara de Diputados. Lo que han terminado por parir es un pequeño ratón contrahecho. Ambas circunstancias –el manifiesto y el debate legislativo- ilustran por si hiciera falta la crisis de representación política que viene acompañando a nuestro país desde hace dos décadas pero que ahora ha llegado a una situación extremadamente peligrosa. Los tres partidos principales están fuertemente divididos en su interior y en consecuencia ninguno representa una posición coherente. La principal divergencia que tiene por centro el cómo acceder o conservar el poder político, responde por vías alternativas a la pregunta de cómo gobernar la pluralidad.
El otro hecho de la coyuntura actual ha sido el diálogo promovido por el Movimiento por una paz con dignidad y justicia con el poder ejecutivo. Aquí no solo se expresa la profunda crisis de seguridad pública con su horripilante cauda de muertos y víctimas; y también de corrupción, degradación y dispendio de las energías morales de una sociedad. Javier Sicilia en un artículo en Proceso (11 septiembre 2011) usa el concepto de Camus de “amor abstracto” para caracterizar al presidente Calderón en su guerra contra el crimen organizado: “En nombre de la protección de los jóvenes de la droga….desencadenó una guerra que ha cobrado más de 60 mil vidas…Para Calderón los jóvenes muertos…son un mal necesario cuya justificación es su amor por ellos”. La crisis de seguridad muestra además la fragilidad de un Estado fragmentado y colonizado por diversos poderes fácticos.
Pero en el trasfondo de ambas crisis se resienten los signos ominosos de la crisis económica que nos viene de afuera pero también ha estado presente entre nosotros en los últimos veinte años. La pregunta clave es por qué hemos tenido ese crecimiento mediocre. Dos respuestas despuntan. La primera expresada por Ros y Moreno (FCE,2010) reside en la baja tasa de inversión influida por cuatro factores: baja inversión pública particularmente en infraestructura, apreciado tipo de cambio real, ausencia de política industrial y carencia de financiamiento bancario. Otra respuesta, a mi parecer complementaria, y desde la economía política la proponen Santiago Levy y Michael Walton (Palgrave, 2009) la ubican en un régimen rentista basado en profundas desigualdades y sostenidas por un equilibrio político que comparte esas rentas.
En cualquier caso lo que es evidente es que sea por el lado de la crisis de representación, de la crisis de seguridad o por los problemas de estancamiento económico y desempleo; se requiere un cambio de régimen que sólo puede provenir de la conjunción de una coalición de partidos y de una coalición de ciudadanos animados por una plataforma mínima común y un compromiso ético de gran envergadura.
Ahora es necesario explorar las condiciones de esa conjunción pero desde el lado de la movilización ciudadana.
Dos temas surgido en estos meses subrayan nuevamente la importancia que pueden y deben jugar las redes de activistas ciudadanos. Por un lado Cuauhtémoc Cárdenas al recibir merecidamente la medalla Belisario Domínguez hace un repaso de la situación actual del país y remata con una doble pregunta: "¿Por qué, más allá de proseguir con los procesos internos no se abre un diálogo para identificar coincidencias respecto a lo que debe hacerse hacia delante? ¿Por qué no pensar que propuestas puedan alcanzar el respaldo de mayoría ciudadanas y por qué no pensar que pueda establecerse un compromiso común de partidos y candidatos presidenciales?"
Estas preguntas las retomaré más adelante al reflexionar sobre cómo podrían la gran cantidad de redes ciudadanas contribuir al fortalecimiento de la democracia mexicana.
Para ello quisiera primero extraer algunas lecciones de las movilizaciones de indignados.
Decía en un artículo a principios de año (La Jornada, 19-02) sobre las primeras movilizaciones en Túnez y Egipto que existía un contexto que hace posible una proliferación de movilizaciones en el mundo a la manera en que la ola de rebeldía juvenil se expandió hace 43 años en 1968, desde la Polonia comunista, la Francia republicana y el México autoritario. Señalaba cuatro factores claves en esta expansión de los indignados. El desempleo juvenil. La insultante desigualdad entre un puñado de muy ricos y amplias masas en condiciones graves de pobreza. La revolución de las telecomunicaciones. La mediocridad y corrupción de las clases políticas.
Los regímenes políticos son muy distintos entre las dictaduras árabes y las democracias europeas, o con los acampados de Wall Street, los brasileños que luchan contra la corrupción o los estudiantes chilenos. Pero los rasgos señalados hacían previsible que por contagio creciera como marea la protesta popular. El manifiesto de Stephane Hessel (2009), un ex combatiente de la Resistencia francesa frente al nazismo, llamando a los jóvenes a indignarse causó enorme efecto en Europa y más allá justo porque resumía el estado de ánimo y una propuesta central que ha recorrido todas las movilizaciones del 2011: indignación no violenta.
Cada movilización ha tenido su propio Hessel. Un individuo que convoca basado en sus resistencias pasadas, su propia indignación y su estatura ética. Como lo resumió Regis Debray en el Nouvel Observateur (24/02-3/3/2011): Fervor poético, intransigencia moral y moderación política: bella ecuación que impacta y detona.
Ante las movilizaciones populares el poder del Estado responde siempre de la misma manera. Primero viene la fase de “negación total”, se trata de pequeñas algaradas. Luego, las ridículas acusaciones de que quienes protestan son “usados y manipulados por quienes odian a nuestro país”. En tercer lugar, el “nuevo juego” de hacer algo para mantenerse en el poder. Los mismos que han violado cuanta ley existen argumentan aspectos legales para hacer más difíciles y complicadas las transformaciones que se derivan de la movilización. Y, después vienen los actos de magia: asumen retóricamente las demandas que ayer se oponían.
El gran dilema de toda movilización está entre mantener la tensión creativa y solidaria de los movilizados y la construcción, mediante la deliberación con los poderes, de arreglos institucionales que rompan las injustas inercias. ¿Cómo avanzar en la negociación sin reducir la presión social hasta llegar a un punto de inflexión en términos de desmantelamiento del resorte central del autoritarismo? ¿Cómo construir desde la movilización las instituciones, es decir, las reglas del juego que garanticen el tránsito o el fortalecimiento democrático, en todo caso una mayor participación ciudadana?
A esos dilemas se suma en nuestro país una pregunta frecuentemente enunciada: ¿Por qué no se han generalizado aquí esas movilizaciones?
Mientras que en Europa los mercados financieros arrasan con la sociedad y tumban a gobernantes –Berlusconi recientemente- , el gobernador del Banco de México afirmó que México entró en una desaceleración pero no en una recesión. Esto debería aterrorizarnos porque la última vez con lo del “resfriadito” nos hundimos en una crisis mayúscula.
Dos paradojas han estado despuntando a partir de la crisis de 2009. Por un lado, una transformación de los fundamentalistas del mercado que ahora claman por la ayuda directa del Estado. Es como lo señala Ulrich Beck una especie de “socialismo de Estado para ricos” (El País, 10-11-2011)
Esta crisis ha generado un “momento cosmopolita” que según Beck significaría una conciencia de que la crisis surgida en otra parte del mundo termina por afectarnos a todos.
Pero por otro lado tenemos en México, como lo señalo más arriba, “el momento cardenista” donde el contexto internacional y la situación doméstica se alinean de suerte tal que convocan a la renovación y al cambio.
Esta confluencia de momentos: cosmopolita y cardenista generan una segunda paradoja ahora entre poder y legitimidad. En palabras de Beck: Gran poder y escasa legitimidad del lado del capital y de los Estados; escaso poder y elevada legitimidad del lado de los manifestantes. Ambas paradojas pueden aprovecharse para impulsar grandes transformaciones progresistas.
Al repasar las lecciones que nos dejan las movilizaciones de indignados me sumo a quienes se preguntan por qué en circunstancias tan dramáticas como la mexicana no se han generalizado las movilizaciones de los indignados?
John Ackerman y Jesús Cantú dan, en las páginas de Proceso (6-11-2011) una respuesta plausible basada en los resultados del informe 2011 de Latinobarómetro. Sería una “depresión social profunda que inmoviliza a la sociedad”.
Como en toda movilización la primera barrera que debe superarse es aquella que separa a quienes sí creen que sus acciones pueden cambiar las cosas y quienes piensan que los poderes son casi invencibles. Pero una enorme multitud de pequeños células de activismo ciudadano se han reproducido como hongos por todo el país rompiendo esa barrera y también la siguiente que es la del miedo. Entonces por qué no se ha dado esa chispa detonadora?
Es importante repetir que lo específico del actual régimen es que obstruye o debilita los espacios vinculantes particularmente cuando se trata de formas de articulación para la resistencia o la oposición. Lo hace por cooptación, por segmentación, por marginación y por represión. En esto también juega su papel el poder mediático no porque ignore las movilizaciones sino porque por el contrario las publicita como actos aislados o producto de protagonismos individuales.
Volvamos a lo básico: ¿qué caracteriza estos archipiélagos de movilización ciudadana? Convicción en que la participación ciudadana hace la diferencia en un contexto de depresión social y de barreras que obstruyen la vinculación entre esta miríada de núcleos de activistas ciudadanos.
Entonces en medio de un complicado proceso electoral la clave está en cómo establecer los puentes entre la disputa electoral y las luchas ciudadanas. Se requiere la conjunción de una coalición de partidos y de una coalición de ciudadanos animados por una plataforma mínima común y un compromiso ético de gran envergadura;
Una reunión que pareció salir del cronista de sociales quien firmaba con el seudónimo del Duque de Otranto y que en los sesentas deleitaba a la gente bonita con su columna Los trescientos y más, la analiza Adolfo Sánchez Rebolledo en una colaboración reciente en La Jornada: “un encuentro pensado para sentar los cimientos de un nuevo proyecto nacional”, organizado por los editores de la revista Líderes de México, terminó con un franco desencuentro –atemperado por las formas– entre el presidente Calderón y los más prominentes invitados”.
Aunque hay varios temas que ameritarían comentarios sobre esa reunión, me quisiera detenerme en uno que expuso el presidente Calderón: “ yo quiero invitarlos, amigas y amigos, amigos de corazón, a que estas elecciones, si no les gustan los partidos políticos, hagan un partido político; si no les gustan los candidatos a diputados, sean ustedes los candidatos a diputados”.
Por principios de cuentas no deja de ser un chiste cruel llamar a formar partidos cuando como se sabe la formación de nuevos partidos están tremendamente limitada por la legislación electoral tanto por los requisitos que se exigen como por el hecho que sólo cada seis años se abren las condiciones para registrar nuevos partidos.
Segundo es bastante chocante que a todos los que critican a los gobiernos se les mande periódicamente – y no sólo Calderón- a formar partidos. Esto supone dos ideas equivocadas. Una que criticar a los poderes no es sí misma una actividad política responsable que no requiere de otra justificación que el acto mismo de criticar. Y segundo que al parecer la única forma o al menos la crucial para “producir política” son los partidos mismos.
Difiero de esta visión. Criticar a los poderes es una tarea ciudadana de primer orden. Es una actividad política por antonomasia y aunque muchos de los que critican al gobierno –en ese caso al gobierno de Calderón- realizan además otras actividades políticas, la sola crítica es clave para la construcción democrática.
Pero por otro lado es falso que sólo en los partidos se “produce política”. El activismo ciudadano en sus diversas facetas es también una actividad eminentemente política. Aunque soy de los que consideran que los partidos son pieza clave en los regímenes democráticos, me parece un grave error subestimar la acción política que genera el activismo ciudadano y en consecuencia menospreciar el papel que las asociaciones ciudadanas no partidistas juegan en el fortalecimiento de la democracia.
Quisiera dedicar las siguientes entregas a discutir estos temas porque desde los grupos de activistas y no sólo desde los partidos, es indispensable buscar respuestas a la pregunta clave de cómo debe gobernarse la pluralidad en nuestro país.
Es deseable acotar el término sociedad civil dado que se presta a suplantaciones o representaciones ficticias. Aparentemente lo contundente en México es el escaso número de ciudadanos que se comprometen en formas de acción colectiva lo cual genera una errónea idea sobre el mentado individualismo atávico del mexicano ajeno a la participación política.
En términos de propósitos de la acción colectiva encuentro tres. Aquellos que ven a las acciones colectivas como plataforma de lanzamiento propio o de grupo, es decir, en clave clientelista. Aquéllos otros para quienes aquéllas son etapas necesarias para influir sobre el poder o acceder a él, es decir, en clave oposicionista. Y aquéllos para quienes las acciones colectivas buscan transformar la sociedad y no aspiran a acceder a forma alguna de poder institucionalizado, es decir, en clave insurgente.
Esta diversidad de luchas supone una intensidad participativa desigual y explica el problema central que afronta el activismo ciudadano en una sociedad fragmentada con un tejido social deshilvanado: la ausencia de espacios vinculantes capaces de articular luchas y causas.
A fuerza de repetirlo se vuelve una frase gastada, pero es cierto que vivimos un momento excepcional. Si lo vemos por el lado de las oportunidades abiertas se puede decir que vivimos un momento cardenista. Es decir una situación en donde el contexto internacional y la situación doméstica se alinean de suerte tal que convocan a la renovación y al cambio.
La profunda crisis internacional, que se expresa en desempleo y shocks financieros, es en verdad una crisis de gobernabilidad mundial. Los arreglos de la post segunda guerra mundial aparentemente renovados con el fin de la guerra fría en los noventas, carecen de capacidad para conducir los cambios y transformaciones que han ocurrido en los ámbitos económico-financieros, geopolíticos y demográficos.
Al mismo tiempo, en el espacio doméstico, la transición mexicana debilitó el eje de la gobernabilidad del régimen autoritario pero sin generar una nueva forma de relación entre los poderes, y entre éstos y los ciudadanos. El estancamiento económico, las dificultades para procesar acuerdos, el desmoronamiento del centro político y el fortalecimiento de poderes paralelos al poder del estado, bloquearon la transición democrática y generaron una forma de régimen especial que he denominado el Estado otomano.
Lo característico de este régimen es el desmadejamiento del poder del estado y la captura de áreas completas de la intervención estatal por parte de grupos de interés, incluyendo de manera prominente el crimen organizado. Se trata de un estado parasitario que extrae excedentes y privilegia a grupos rentistas.
Desde el gobierno de Zedillo se buscó hacer efectivo un postulado radical del neoliberalismo que se resume en la famosa frase de la Thatcher respecto a que la sociedad no existe. De ahí el deliberado propósito por fragmentar colectividades y repudiar formas de acción solidaria. Gramsci hablaba de un mecanismo más sofisticado vinculado con la construcción de hegemonía que denominaba transformismo.
El propósito es claro: desarticular desde abajo, pulverizar las instancias de gobierno y concentrar el poder fuera del Estado en algunos poderes fácticos.
Lo específico de este Estado otomano es que obstruye o debilita los espacios vinculantes particularmente cuando se trata de formas de articulación para la resistencia o la oposición. Por ello y por la situación de emergencia que vive el país es de la mayor importancia fortalecer los movimientos ciudadanos encontrando espacios vinculantes.
Lo que estamos presenciando en relación con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y su relación con el gobierno federal es justamente ese intento por dividir. Es claro que una gran cantidad de movimientos que buscan restablecer la paz han surgido a medida que la situación de inseguridad y violencia en el país crecen. Algunas organizaciones y dirigentes emblemáticos como las señoras Wallace y Morera y el señor Martí han impulsado importantes iniciativas para que el gobierno modifique su enfoque sobre el combate al crimen organizado. Todas han sido interlocutores privilegiados del gobierno en distintos momentos.
Por eso extraña y preocupa que ahora para incumplir un acuerdo público con MPJD se recurra al viejo estratagema de “no hay compromisos de exclusividad”. Afortunadamente la dirigente del grupo ciudadano Causa en Común María Elena Morera declaró ayer que dichas organizaciones están trabajando para definir una agenda en común y que el gobierno debería cumplir primero con el movimiento impulsado por Sicilia y luego expandir ese diálogo con las demás organizaciones.
En esta misma perspectiva de generar más espacios vinculantes que enfrenten la fragmentación social no se puede menos que felicitarse por la constitución formal de MORENA impulsada por AMLO en un propósito que más allá de las causas específicas que pregona, refuerza muchas otras iniciativas ciudadanas.
Dos eventos ocurridos recientemente nos recuerdan por si hace falta dos de las más graves crisis que convergen en la coyuntura actual.
Por un lado un grupo de más de 40 políticos, intelectuales y académicos publican un desplegado en donde argumentan a favor de gobiernos de coalición. Se trata de un grupo heterogéneo en donde convergen quienes ven en los gobiernos de coalición una forma de reforzar el presidencialismo –la iniciativa del senador Beltrones es clara al respecto- y quienes conciben los gobiernos de coalición como el tránsito hacia un régimen semi-presidencial o parlamentario –como es el caso de Cordera, Woldenberg, Becerra, y otros firmantes de un documento producido hace más de un año por el Instituto de Estudios para la Transición de la Democracia intitulado Equidad social y parlamentarismo.
La polémica desatada por el manifiesto Por una democracia constitucional ha coincidido con el debate de la minuta de reforma política enviada por el Senado a la Cámara de Diputados. Lo que han terminado por parir es un pequeño ratón contrahecho. Ambas circunstancias –el manifiesto y el debate legislativo- ilustran por si hiciera falta la crisis de representación política que viene acompañando a nuestro país desde hace dos décadas pero que ahora ha llegado a una situación extremadamente peligrosa. Los tres partidos principales están fuertemente divididos en su interior y en consecuencia ninguno representa una posición coherente. La principal divergencia que tiene por centro el cómo acceder o conservar el poder político, responde por vías alternativas a la pregunta de cómo gobernar la pluralidad.
El otro hecho de la coyuntura actual ha sido el diálogo promovido por el Movimiento por una paz con dignidad y justicia con el poder ejecutivo. Aquí no solo se expresa la profunda crisis de seguridad pública con su horripilante cauda de muertos y víctimas; y también de corrupción, degradación y dispendio de las energías morales de una sociedad. Javier Sicilia en un artículo en Proceso (11 septiembre 2011) usa el concepto de Camus de “amor abstracto” para caracterizar al presidente Calderón en su guerra contra el crimen organizado: “En nombre de la protección de los jóvenes de la droga….desencadenó una guerra que ha cobrado más de 60 mil vidas…Para Calderón los jóvenes muertos…son un mal necesario cuya justificación es su amor por ellos”. La crisis de seguridad muestra además la fragilidad de un Estado fragmentado y colonizado por diversos poderes fácticos.
Pero en el trasfondo de ambas crisis se resienten los signos ominosos de la crisis económica que nos viene de afuera pero también ha estado presente entre nosotros en los últimos veinte años. La pregunta clave es por qué hemos tenido ese crecimiento mediocre. Dos respuestas despuntan. La primera expresada por Ros y Moreno (FCE,2010) reside en la baja tasa de inversión influida por cuatro factores: baja inversión pública particularmente en infraestructura, apreciado tipo de cambio real, ausencia de política industrial y carencia de financiamiento bancario. Otra respuesta, a mi parecer complementaria, y desde la economía política la proponen Santiago Levy y Michael Walton (Palgrave, 2009) la ubican en un régimen rentista basado en profundas desigualdades y sostenidas por un equilibrio político que comparte esas rentas.
En cualquier caso lo que es evidente es que sea por el lado de la crisis de representación, de la crisis de seguridad o por los problemas de estancamiento económico y desempleo; se requiere un cambio de régimen que sólo puede provenir de la conjunción de una coalición de partidos y de una coalición de ciudadanos animados por una plataforma mínima común y un compromiso ético de gran envergadura.
Ahora es necesario explorar las condiciones de esa conjunción pero desde el lado de la movilización ciudadana.
Dos temas surgido en estos meses subrayan nuevamente la importancia que pueden y deben jugar las redes de activistas ciudadanos. Por un lado Cuauhtémoc Cárdenas al recibir merecidamente la medalla Belisario Domínguez hace un repaso de la situación actual del país y remata con una doble pregunta: "¿Por qué, más allá de proseguir con los procesos internos no se abre un diálogo para identificar coincidencias respecto a lo que debe hacerse hacia delante? ¿Por qué no pensar que propuestas puedan alcanzar el respaldo de mayoría ciudadanas y por qué no pensar que pueda establecerse un compromiso común de partidos y candidatos presidenciales?"
Estas preguntas las retomaré más adelante al reflexionar sobre cómo podrían la gran cantidad de redes ciudadanas contribuir al fortalecimiento de la democracia mexicana.
Para ello quisiera primero extraer algunas lecciones de las movilizaciones de indignados.
Decía en un artículo a principios de año (La Jornada, 19-02) sobre las primeras movilizaciones en Túnez y Egipto que existía un contexto que hace posible una proliferación de movilizaciones en el mundo a la manera en que la ola de rebeldía juvenil se expandió hace 43 años en 1968, desde la Polonia comunista, la Francia republicana y el México autoritario. Señalaba cuatro factores claves en esta expansión de los indignados. El desempleo juvenil. La insultante desigualdad entre un puñado de muy ricos y amplias masas en condiciones graves de pobreza. La revolución de las telecomunicaciones. La mediocridad y corrupción de las clases políticas.
Los regímenes políticos son muy distintos entre las dictaduras árabes y las democracias europeas, o con los acampados de Wall Street, los brasileños que luchan contra la corrupción o los estudiantes chilenos. Pero los rasgos señalados hacían previsible que por contagio creciera como marea la protesta popular. El manifiesto de Stephane Hessel (2009), un ex combatiente de la Resistencia francesa frente al nazismo, llamando a los jóvenes a indignarse causó enorme efecto en Europa y más allá justo porque resumía el estado de ánimo y una propuesta central que ha recorrido todas las movilizaciones del 2011: indignación no violenta.
Cada movilización ha tenido su propio Hessel. Un individuo que convoca basado en sus resistencias pasadas, su propia indignación y su estatura ética. Como lo resumió Regis Debray en el Nouvel Observateur (24/02-3/3/2011): Fervor poético, intransigencia moral y moderación política: bella ecuación que impacta y detona.
Ante las movilizaciones populares el poder del Estado responde siempre de la misma manera. Primero viene la fase de “negación total”, se trata de pequeñas algaradas. Luego, las ridículas acusaciones de que quienes protestan son “usados y manipulados por quienes odian a nuestro país”. En tercer lugar, el “nuevo juego” de hacer algo para mantenerse en el poder. Los mismos que han violado cuanta ley existen argumentan aspectos legales para hacer más difíciles y complicadas las transformaciones que se derivan de la movilización. Y, después vienen los actos de magia: asumen retóricamente las demandas que ayer se oponían.
El gran dilema de toda movilización está entre mantener la tensión creativa y solidaria de los movilizados y la construcción, mediante la deliberación con los poderes, de arreglos institucionales que rompan las injustas inercias. ¿Cómo avanzar en la negociación sin reducir la presión social hasta llegar a un punto de inflexión en términos de desmantelamiento del resorte central del autoritarismo? ¿Cómo construir desde la movilización las instituciones, es decir, las reglas del juego que garanticen el tránsito o el fortalecimiento democrático, en todo caso una mayor participación ciudadana?
A esos dilemas se suma en nuestro país una pregunta frecuentemente enunciada: ¿Por qué no se han generalizado aquí esas movilizaciones?
Mientras que en Europa los mercados financieros arrasan con la sociedad y tumban a gobernantes –Berlusconi recientemente- , el gobernador del Banco de México afirmó que México entró en una desaceleración pero no en una recesión. Esto debería aterrorizarnos porque la última vez con lo del “resfriadito” nos hundimos en una crisis mayúscula.
Dos paradojas han estado despuntando a partir de la crisis de 2009. Por un lado, una transformación de los fundamentalistas del mercado que ahora claman por la ayuda directa del Estado. Es como lo señala Ulrich Beck una especie de “socialismo de Estado para ricos” (El País, 10-11-2011)
Esta crisis ha generado un “momento cosmopolita” que según Beck significaría una conciencia de que la crisis surgida en otra parte del mundo termina por afectarnos a todos.
Pero por otro lado tenemos en México, como lo señalo más arriba, “el momento cardenista” donde el contexto internacional y la situación doméstica se alinean de suerte tal que convocan a la renovación y al cambio.
Esta confluencia de momentos: cosmopolita y cardenista generan una segunda paradoja ahora entre poder y legitimidad. En palabras de Beck: Gran poder y escasa legitimidad del lado del capital y de los Estados; escaso poder y elevada legitimidad del lado de los manifestantes. Ambas paradojas pueden aprovecharse para impulsar grandes transformaciones progresistas.
Al repasar las lecciones que nos dejan las movilizaciones de indignados me sumo a quienes se preguntan por qué en circunstancias tan dramáticas como la mexicana no se han generalizado las movilizaciones de los indignados?
John Ackerman y Jesús Cantú dan, en las páginas de Proceso (6-11-2011) una respuesta plausible basada en los resultados del informe 2011 de Latinobarómetro. Sería una “depresión social profunda que inmoviliza a la sociedad”.
Como en toda movilización la primera barrera que debe superarse es aquella que separa a quienes sí creen que sus acciones pueden cambiar las cosas y quienes piensan que los poderes son casi invencibles. Pero una enorme multitud de pequeños células de activismo ciudadano se han reproducido como hongos por todo el país rompiendo esa barrera y también la siguiente que es la del miedo. Entonces por qué no se ha dado esa chispa detonadora?
Es importante repetir que lo específico del actual régimen es que obstruye o debilita los espacios vinculantes particularmente cuando se trata de formas de articulación para la resistencia o la oposición. Lo hace por cooptación, por segmentación, por marginación y por represión. En esto también juega su papel el poder mediático no porque ignore las movilizaciones sino porque por el contrario las publicita como actos aislados o producto de protagonismos individuales.
Volvamos a lo básico: ¿qué caracteriza estos archipiélagos de movilización ciudadana? Convicción en que la participación ciudadana hace la diferencia en un contexto de depresión social y de barreras que obstruyen la vinculación entre esta miríada de núcleos de activistas ciudadanos.
Entonces en medio de un complicado proceso electoral la clave está en cómo establecer los puentes entre la disputa electoral y las luchas ciudadanas. Se requiere la conjunción de una coalición de partidos y de una coalición de ciudadanos animados por una plataforma mínima común y un compromiso ético de gran envergadura;
0 comentarios:
Publicar un comentario