EL ELUSIVO CAMINO DE LOS ACUERDOS (1)

PUBLIQUE ESTE ARTICULO EN LA JORNADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2009
El país marcha a la deriva, en una dinámica catastrófica de desacuerdos y desencuentros. Es necesario preguntarnos por qué es así.
La visión que postuló la supremacía del mercado sobre otros mecanismos de orden social fue más allá del rechazo a las intervenciones públicas, para adentrarse en un camino de debilitamiento del Estado por la vía de las privatizaciones y las desregulaciones.
Otro mecanismo pernicioso y desarticulador consistió en someter a las grandes empresas públicas al desgaste y erosión, sea a través del régimen fiscal que se les impuso, como a Pemex; sea reduciendo su campo de acción, como a la banca de desarrollo, o sometiéndolas a descapitalización, como a Luz y Fuerza del Centro.
No se trató de “errores” en la implementación, sino de un concepción política al servicio de una idea fundamentalista. La supremacía de los mercados en sus versiones más delirantes postuló además dos consecuencias políticas.
Una, para operar esas reformas se necesitaban hacerlo en frío, es decir, a través de mecanismos autoritarios. La segunda derivación consistió en sospechar primero y luego confrontar decididamente cualquer intento de organización de la sociedad, con el argumento de que que sindicatos y asociaciones distorsionaba también los mercados.
En este punto conviene echar una mirada más atrás del periodo neoliberal y revisar cómo se comportaba el régimen priísta, en su momento de mayor hegemonía, en relación con estos temas. Cierto que las empresas públicas y la banca de desarrollo eran elementos cruciales en la estrategia de desarrollo anterior, porque servían a los intereses de un poderoso sector de la clase dominante –lo que algunos denominaron la burguesía de Estado– que basaba su enriquecimiento y acumulación de capital a partir del sector estatal de la economía.
También es cierto que las asociaciones y los sindicatos jugaron un rol importante en la legitimación del régimen. Pero el corporativismo estatal partía de una simple máxima: cooptaba e incorporaba a los disidentes, o los destruía. Ahí sí, cooperabas o cuello.
Las reflexiones anteriores tienen relevancia en el momento actual. Lo que percibimos en la política contra el SME y la empresa pública, o en la terrible tragicomedia que escenifican en estos días los legisladores respecto de la Ley de Ingresos –todavía falta la “discusión” sobre el gasto público–, son tres rasgos inquietantes.
Primero, la contrahechura del Estado mexicano que emerge del largo periodo de patrimonialismo ha sido estatista o neoliberal. Segundo, la creciente fragmentación social resulta tanto del corporativismo priísta como de la “ciudadanización” neoliberal. Tercero, una cultura fuertemente enraizada en la sociedad, pero particularmente entre las clases medias, del sospechosismo a todo aquello que huela a política o participación.
Los tres ingredientes convergen en lo que parece ser el signo central de nuestro tiempo: la incapacidad de las fuerzas políticas y sociales para construir acuerdos de largo plazo. No está de más señalar que la gravísima crisis que atraviesa el país en sus dimensiones económicas, de seguridad pública y de representación política exige más que nunca la construcción de acuerdos. En vez de ello lo que presenciamos son cálculos políticos cortoplacistas, ausencia de mínimos de solidaridad y deslealtad contumaz a principios, personas e instituciones. Y desfogues pasionales, como la confrontación empresarial con el presidente Felipe Calderón, que recuerda más bien el periodo de Luis Echeverría por paradójico que parezca.
De ahí que la pregunta central que definirá el futuro de todas las fuerzas políticas, pero particularmente de las izquierdas, es cómo avanzar en estas circunstancias en la construcción de acuerdos con aliados, amigos y contrincantes. Sin éstos el país seguirá deslizándose por la pendiente de la decadencia administrada.

ALGUNAS APRECIACIONES DISTINTAS A LAS GUBERNAMENTALES SOBRE LA COMPAÑIA DE LUZ

UN COLEGA JOAQUIN BOHIGAS BOSCH DE BAJA CALIFORNIA PRESENTA SUS ARGUMENTOS:

En su discurso, el gobierno esgrimió varias verdades a medias para justificar la liquidación de Luz y Fuerza. Hay muchos crédulos. Los números y argumentos que presentaron (seguro habrá otros menos favorables a su causa), probablemente sesgados, parecen contundentes si no se analizan con un poco de cuidado.Dicen: uno y medio o dos (o algo así) trabajadores de Luz y Fuerza entregan la misma cantidad de kilovatios que un trabajador de CFE, queriendo dar a entender que esto se debe a que el empleado de Luz y Fuerza rinde entre 50 y 70% menos que el de la CFE. ¿Se lo creen? También es posible que la infraestructura física de Luz y Fuerza sea menos eficiente que la de CFE (bajos niveles de inversión). Y hay variaciones regionales; en Baja California (donde resido) la densidad poblacional es baja, rara vez llueve y hay muy pocas fallas; en el DF la densidad es alta, las lluvias torrenciales y las fallas (y las quejas) abundantes; por lo tanto hacen falta menos trabajadores por kilovatio en BC (CFE) que en DF (Luz y Fuerza). De modo que de la cifra que saca el gobierno no se sigue que en el SME se fomente mas la hueva que en el SUTERM.Dicen: Luz y Fuerza tiene pérdidas de 30% en la línea, mientras que en CFE son del 10-15%. Esto explicaría parcialmente por que hay mas trabajadores de SME por kilovatio. ¿De donde pueden provenir las pérdidas? (1) Mal mantenimiento (por hueva o falta de recursos), (2) robo hormiga (diablitos), por ejemplo en el gigantesco sector informal que hay en la zona centro (escaso en el norte del país), (3) deficiencia/corrupción/condonación de cobros (4) menor voltaje en las líneas de transmisión de Luz y Fuerza, puesto que las líneas de distribución son en promedio de menor longitud. Nuevamente, de la diferencia en las pérdidas en la línea no se puede concluir que los trabajadores del SME sean mas huevones.Dicen: las pensiones en Luz y Fuerza son altísimas porque los trabajadores se pueden jubilar antes de los 50 años. Nada excepcional. Lo mismo ocurre con el SNTE, STUNAM, PEMEX, SUTERM, etc donde al cabo de 25 o 30 años de trabajo puedes jubilarte. Puede ser una carga social ahora, que la esperanza de vida llega a los 75 (vs. 65 hace apenas 20 años), pero no es un problema exclusivo del SME. Mas aun, las pensiones son dinero ahorrado por los propios trabajadores: no es un regalo del estado o de los oligarcas. Si hay apuro con las pensiones es porque han asaltado el fondo de retiro (como hoy quieren hacer con las AFORES) o porque ha sido transferido sin garantías a la IP.Dicen: las prácticas antidemocráticas del SME son intolerables. En el SME hay elecciones frecuentes y representación proporcional a todos los niveles. Lo mismo sucede en el STUNAM, donde las elecciones son libres (me consta) y la reelección es continua. El sindicato no tiene prácticas antidemocráticas formales; tiene un serio problema cultural. Intolerables son las practicas antidemocráticas (esas si) del SNTE, de PEMEX, de SUTERM, del sindicato de la BIMBO, COCA, etc. Lo que les preocupa no es la democracia, sino la oposición de los sindicatos democráticos (o menos antidemocráticos) a su proyecto.Dicen: va a haber un gran ahorro porque las subvenciones suman 40 mil millones anuales y la liquidación 20 mil (máximo de un tirón). Se deduce que no mas de 5-10 mil millones anuales de las subvenciones van a los trabajadores (tiene que ser menos que la liquidación): ¿a dónde va el resto? ¿quién o que mas es subvencionado? Por lo tanto, aun despidiendo a todos los trabajadores, Luz y Fuerza (o lo que la sustituya) va a seguir siendo subvencionado por un rato para poder mantener el servicio. Conclusión: no hay tal ahorro (ciertamente no es instantáneo).Dicen: con esta liquidación va a mejorar el estado de la economía. Dos argumentos en contra de tal hipótesis. (1) Estos desalmados pretenden despedir de un plumazo a 30,000 trabajadores, dándoles una compensación promedio de $500,000 a $700,000 para el resto de sus días (¿cuánto gana fecal al mes?) Afectarán de manera directa a 120,000 o 150,000 personas, y de manera indirecta los ingresos de más de 500,000 personas. Conclusión: va a haber un deterioro inmediato y significativo en la economía (de por si doblemente devastada). (2) Van a haber muchos apagones mientras sustituyen la planta laboral de Luz y Fuerza por otra mas dócil: ¿cuánto cuesta una hora sin electricidad a una industria, a un comercio, a un hogar?, ¿cuánto cuesta si son decenas/centenas/etceterenas de industrias, comercios y hogares?, ¿cuánto cuesta si son días o semanas en lugar de horas? Respuesta: ¿un friego?. Menos mal que estamos saliendo de la crisis internacional (porque la nacional no existe, dicen ellos)Espero que las anteriores reflexiones sirvan a los confundidos, indecisos, inseguros y creyentes de buena fe, así como para ayudar a elaborar un discurso contrapuesto al de la oligarquía y secuaces en la lucha que se viene por la conquista de las conciencias.

ELINOR OSTROM Y LA TRAGEDIA DE LOS COMUNES

Publiqué este artículo en La Jornada del sábado 17 de octubre de 2009
Elinor Ostrom obtiene este año el premio Nobel de Economía rompiendo varias tradiciones. Es la primera mujer que obtiene este premio en economía. Es una cientista política y no una economista. Y, junto con Oliver Williamson, con quien comparte el premio, dudan que el mercado sea la solución a todos los problemas. Más aún encuentran otros mecanismos de asignación eficiente de los recursos.
Ostrom ha sido pionera en el estudio de instituciones informales que la gente crea para racionalizar el uso de bienes de uso común, es decir, aquellos bienes compartidos entre muchos que pueden ser objeto de desgaste en ausencia de mecanismos de regulación. Garret Hardin en los 60 lo ejemplificó con una pradera donde los campesinos llevan su ganado a pastar y vaticinó que dejados a su propia inercia terminarían por deteriorar el pastizal. Para evitarlo, consideró dos posibilidades: que esos terrenos entraran al mercado y se privatizaran; o que el Estado interviniera regulando su uso. Ostrom, a partir de un enorme trabajo de campo revisando experiencias en muchas partes del mundo en el manejo de zonas pesqueras, de áreas forestales y sobre todo de sistemas de riego, encontró que había otra vía: que las propias comunidades creen instituciones; es decir, reglas escritas e informales para manejar sus propios recursos.
Empero nadie más alejada de cualquier tipo de fundamentalismo como Lin Ostrom, quien ha sido particularmente insistente en subrayar que no se trata de considerar que por sí mismo el mercado, o las intervenciones estatales, o la autogestión de las comunidades sean superiores. Pero lo que sí ha hecho es analizar con rigor en qué circunstancias la gestión de las comunidades es superior a la gestión estatal o a la dinámica de los mercados. En su libro, el gobierno de los bienes comunes, traducido al español por el FCE, formaliza lo anterior através de lo que denomina principios de diseño. En su libro publicado en 2005 (Understanding Institutional diversity, Princeton University Press) Ostrom propone un marco conceptual que denomina Análisis Institucional y Desarrollo (IAD, por sus siglas en inglés) que ha sido usado en una enorme variedad de estudios relacionados con el manejo de recursos naturales, con temas de política y política pública e incluso de la Internet como bien compartido de uso común.
Conozco a Lin Ostrom desde mediados de los 90 cuando coincidimos en una reunión en la FAO en Roma. Los últimos tres años trabajé con ella y su marido Vincent Ostrom, en su Taller de Teoria Política y Análisis de Políticas Públicas en la Universidad de Indiana en Bloomington. Bajo su influencia y su generosa amistad, avancé en los trabajos que vengo realizando sobre la naturaleza del ejido mexicano y sobre las transiciones democráticas en América Latina. Desde mediados de los 90 la discusión con Lin había derivado en la discusión de qué hace que la acción colectiva sea posible y luego eficaz. Ella subraya particularmente la interacción entre confianza, reciprocidad y reputación.
Ostrom y Russell Hardin me inspiraron en la idea de que las movilizaciones sociales en determinadas condiciones son medios de producción de instituciones; es decir, de nuevas reglas. Para esto se requiere iteración, es decir repetición de acciones en común, conocimiento de tus rivales y una combinación entre movilizaciones y negociación. La transparencia de las acciones de las dirigencias es clave porque eso es lo que construye confianza de las bases y reputación del liderazgo.
Estas reflexiones son relevantes a raíz del artero ataque contra el SME. Es increíble que se quiera restablecer la autoridad presidencial o la legitimidad perdida por medio de un acto de fuerza. Por el contrario, como nunca, es momento del diálogo, la negociación y la renovación institucional. Hay que evitar la tragedia de los comunes en la política mexicana. Mi solidaridad con el SME y sus trabajadores.

CONDENAMOS LA LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

Posición del Instituto de Estudios para la Transición Democrática
La intervención de la fuerza pública para ocupar las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la abrupta liquidación de esa empresa son medidas erróneas y, a nuestro juicio, absolutamente condenables. El gobierno del presidente Felipe Calderón se equivoca al suponer que los rezagos administrativos y los problemas técnicos en el suministro de energía eléctrica en el centro del país se deben al Sindicato Mexicano de Electricistas.Las dificultades en la generación y la conducción del fluido eléctrico son resultado de una vieja y enmarañada colección de circunstancias, que pasan por la vigencia de políticas tarifarias que favorecen a las empresas privadas y a los grandes consumidores y que incluyen una constante postergación al proceso de integración de la industria eléctrica en nuestro país. Ahora, con la liquidación de la CLyFC y el amago de desaparición del SME, el gobierno federal pretende una integración industrial compulsiva, desconectado de un proyecto de desarrollo nacional.El Sindicato Mexicano de Electricistas ha tenido errores e indolencias que son inocultables. Pero es imposible dejar de reconocer que, en esta ocasión, el diferendo a su interior ha sido aprovechado y exacerbado por el gobierno federal para crear un clima de opinión favorable a la liquidación de la Compañía de Luz.Con las medidas de fuerza que el gobierno pone en práctica -y que retrotraen imágenes de la época autoritaria- no se auspicia la democracia sindical y mucho menos se hace más eficiente el servicio de energía eléctrica. La liquidación de la Compañía de Luz abre la posibilidad de una intervención intempestiva de la CFE o, peor aún, de alguna forma de privatización. Ninguna de esas posibilidades ha sido sometida a la discusión de la sociedad mexicana ni de los especialistas en asuntos de política energética. La aniquilación del SME sería un golpe histórico para los trabajadores mexicanos. No solo por su tradición pionera en el sindicalismo industrial, sino por su compromiso frecuente en la deliberación de los asuntos nacionales, el Mexicano de Electricistas ha sido una organización singular. Algunas de sus decisiones y actitudes nos pueden parecer cuestionables. Pero las negligencias e incluso los abusos de sus dirigentes, no implican que el sindicalismo no tenga un papel activo y creativo que debe desarrollar en la atención a los dilemas que el país enfrenta en estos días. Rechazamos la perspectiva conservadora y autoritaria que supone que los sindicatos se contraponen con el desarrollo político y económico.También consideramos que los sindicatos más participativos y atentos a la vida pública están llamados, en esta circunstancia amenazadora para ellos, a ser especialmente responsables sin declinar su vocación participativa y sus exigencias sociales y políticas.Nos parece que, cualquiera que sea la figura jurídica y la organización administrativa con que se pudiera sustituir a la Compañía de Luz, el gobierno federal debe preservar el empleo de los trabajadores de esa empresa y respetar el derecho que tienen a permanecer agremiados como ellos decidan. Si la Compañía de Luz se fusiona a la Comisión Federal de Electricidad, debería haber un proceso con plenas garantías democráticas para la unificación del SME y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, sin interferencias externas. Suponer que los sindicatos son adversarios de la democracia o que los únicos sindicatos admisibles son los aliados al gobierno, o los sumisos y adocenados, manifiesta una concepción conservadora inadmisible en una sociedad que se quiere democrática.
Un país sin organizaciones activas, es un país sin vías de expresión que recuperen la diversidad de su sociedad. Un país sin sociedad organizada, es un país vulnerable al autoritarismo y al pensamiento pretendidamente único. Por eso rechazamos las decisiones del gobierno respecto de la Compañía de Luz y su sindicato y urgimos a la rectificación de esas medidas.México D.F., domingo 11 de octubre de 2009Instituto de Estudios para la Transición Democrática, A.C.

LA CONTROVERSIA MEDIATICA SOBRE LA ELECTRICIDAD(1)

Sabadazo contra el SME
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
A
yer domingo, después del clásico sabadazo, nos amanecimos con que el gobierno había decretado la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Desde hace varios días, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que detenta la titularidad del contrato para prestar servicios a LFC, vivía un conflicto interno debido a que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no daba la toma de nota para reconocer a la directiva sindical ganadora de la elección reciente, por el recurso de inconformidad que interpuso una de las partes contendientes, y porque la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no había –y no lo ha hecho– resuelto respecto de esa impugnación y el consecuente fallo sobre la elección.
Los días en que la JFCA ha tardado en emitir su fallo, lo que desde el punto de vista legal pondría fin al conflicto entre sindicalistas, a más de que dieron pie para que la confrontación entre los grupos sindicales se agudizara y las acusaciones de un grupo contra el otro fueran subiendo de tono, según han dado cuenta los medios de información, se desató, tanto por las autoridades del Trabajo como por informadores de muy distintos medios, una hostil campaña en contra del SME y sus dirigentes, que no ha sido casual.
Como tampoco es casual que acompañando a la violencia declarativa de la autoridad laboral, cubriéndose con la oscuridad de casi la medianoche del sábado, se haya dado a conocer y se haya dado formalidad, al publicarlo en edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación, el decreto de liquidación de LFC.
Desde el 28 de septiembre pasado, esto es, hace casi dos semanas, la Secretaría de Energía solicitó formalmente, sin hacerlo del conocimiento de la opinión pública, la liquidación de LFC, con lo cual se desencadenó el proceso administrativo que llevó a emitir el decreto de liquidación, lo que quiere decir que cuando una comisión del sindicato se entrevistó con el secretario particular del Presidente de la República, quien, de acuerdo con las informaciones públicas, dijo a los sindicalistas que se atendería su asunto, el titular del Ejecutivo federal tenía ya resuelto decretar la liquidación de LFC.
¿Por qué los golpes bajos? ¿Por qué la puñalada trapera? ¿Por qué no se dio paso, con la oportunidad debida, a un diálogo franco entre SME y gobierno?
Hace más de cuatro décadas que se nacionalizó el servicio de energía eléctrica; hace 35 años que se acordó la liquidación de LFC. Ha transcurrido tiempo más que suficiente para que el gobierno, principal responsable de la marcha de los organismos del sector público y de los servicios que éste presta, hubiera hecho de LFC un ente productivo, eficiente, modernizado en sus mecanismos de trabajo y de atención al público, y para que hubiera unificado en un solo organismo la prestación del servicio público de energía eléctrica.
Es cierto que año con año se subsidia la operación de LFC, pero también lo es que, por más planteamientos que se han hecho en los más de 40 años transcurridos desde que el gobierno tomó en sus manos la gestión de LFC (de ellos casi 30 de administraciones neoliberales y de éstos nueve de gobiernos de Acción Nacional, tres de ellos de la administración actual) no se le integró como una entidad productiva, no se impulsó su modernización técnica, administrativa y de sus esquemas de trabajo, sobre todo los relacionados con los servicios al público.
Y ahora se le hace fácil al gobierno lanzar a la calle –si bien se ha anunciado que con la indemnización de ley– a 41 mil trabajadores. Esto es, a 41 mil familias que se van a comer en equis tiempo la indemnización porque no existen, y en los próximos años tampoco existirán, oportunidades de nuevos empleos, pues el gobierno mantiene una política recesiva, de estancamiento económico, con la cual, en lugar de crear nuevos empleos, cancela puestos de trabajo existentes, de lo que dan cuenta las informaciones oficiales de más de un millón de empleos perdidos en el último año, en el que se supone se han estado aplicando las medidas contracíclicas anunciadas el 8 de octubre de 2008, y 6 millones más de pobres que han caído en esa condición en lo que va de la administración, según declaró hace unos días el jefe del Ejecutivo. Seis millones de personas que seguramente no tienen empleo, pues de otro modo no estarían en esa situación.
Objetivamente, el conflicto entre sindicalistas que tendría que resolver la Junta Federal de Conciliación nada tiene que ver con la liquidación de la fuente de trabajo LFC. Circunstancialmente se juntaron en el tiempo, o para decirlo mejor, el gobierno aprovechó el ruido del conflicto entre sindicalistas, amplificado por la campaña de hostilidad de la autoridad laboral y gente de ciertos medios, y el que estuviera sin solución por parte de la autoridad responsable (aunque no puede dejar de pensarse que intencionalmente se le ha dejado sin resolver), para dar el golpe de la liquidación.
Ésta, debe decirse, se decreta en la peor forma posible: en clásico sabadazo, a la medianoche de sábado para domingo. Cuando se supone que habría diálogo, se lanza el golpe. Sólo se logrará que el conflicto se agudice, se prolongue en tiempo y social y políticamente se complique y se extienda. Sería tiempo y la oportunidad para hacer de LFC un ente productivo y eficiente, producto de una colaboración constructiva y respetuosa entre el SME y el gobierno.
http://www.jornada.unam.mx/2009/10/12/index.php?section=opinion&article=018a1pol
Momento clave
León Bendesky
E
l liderazgo del gobierno para enfrentar la crisis y encauzar al país por otro camino se advierte hoy bastante débil. Igualmente hay pocas expectativas de que el Congreso pueda reorientar la política económica mediante el presupuesto federal sobre el que debe legislar en las próximas semanas.
El callejón sin salida en el que está metida la nación exige urgentemente un replanteamiento del modo en que se han hecho las cosas en los últimos 30 años. De ese tamaño y no menor es el reclamo.
Debatir con estrechez de miras cómo tapar el agujero fiscal, sin extender el horizonte a las formas efectivas de remover los obstáculos y las distorsiones que padece la economía y sus graves efectos sociales será una enorme responsabilidad que afectará a varias generaciones.
El caso es que éste no es precisamente un sistema en el que prevalezca siquiera la noción misma de la rendición de cuentas, menos aún la práctica política que eso entraña.
El colapso de las finanzas públicas no es producto sólo de la abrupta caída del producto en los meses recientes y, con ella, de los ingresos fiscales del gobierno. Proponerlo así es no sólo un error sino una mentira. Es consecuencia de un entorno político inservible ya para el país. El de las cúpulas y los privilegios entrelazados que sirven a unos pocos.
La nueva política pública tiene que estar, por necesidad y no por opción, ubicada en la manera en que opera la economía mundial, y ya no bajo las pautas de una globalidad que está cuestionada y superada por las repercusiones de la propia crisis financiera que estalló desde septiembre de 2008.
Si eso no se entiende claramente y se actúa en consecuencia, México seguirá relegándose de la dinámica productiva y de los beneficios que de ella puedan sacarse. Vaya, para decirlo más directamente, se trata de un reacomodo muy profundo de Das Kapitalismus y de sus formas de reproducción. Por ahora los indicios apuntan a que nos vamos a quedar al margen.
En términos fiscales el cuándo ya llegó y de manera abrupta. En efecto, hay que hacer algo y en serio con la fragilidad estructural de las finanzas públicas. El cuánto, sin embargo, del ajuste necesario no es un asunto definido sólo de modo aritmético para llegar a un saldo “manejable”.
Y no es así puesto que la recesión productiva, la pérdida de empleos, la deficiencia de los mercados de crédito y la merma de la productividad requieren estímulos que provienen del gasto público efectivo, es decir, de su eficiente asignación. Esto nos pone en el terreno del dónde y el cómo.
Los tres elementos tienen, pues, que ser tratados al mismo tiempo. No es, por supuesto una situación cómoda ni fácil. No lo es en términos financieros y tampoco políticos. Pero eludirlo ahora será muy grave.
Tentaciones habrá muchas. Se derivarán de la propia debilidad del gobierno de Felipe Calderón y de la ortodoxia desfasada de la gestión de la hacienda pública.
Las innovaciones en materia fiscal que puedan plantearse frente al proyecto de presupuesto sobre el que trabaja el Congreso tienen que hacerse de manera razonada. Debe contener medidas creíbles y con estimaciones claras de los efectos esperados de su aplicación en plazos claramente determinados y con instrumentos de evaluación de mediano plazo.
Se habla de cuestiones tales como establecer un impuesto de tasa única que sustituya a los impuestos sobre la renta y al valor agregado. También se menciona un impuesto a las ganancias de capital. En la mira debe estar de modo privilegiado no únicamente cómo se saldan las cuentas fiscales que están en quiebra estructural.
Tiene que considerarse de modo primordial cómo cimentar un proceso duradero de generación de riqueza. Hay que retomar ese concepto clave de la Economía Política, sobre todo ahora cuando las reglas, las formas de supervisión y de la competencia se alteran para recomponer el sistema, luego de esta gran crisis y de la cual falta mucho para salir, a pesar del optimismo prematuro de algunos.
Estamos en pleno entorno de una crisis, en medio del debate presupuestal, en un ambiente de una todavía insuficiente discusión pública de significado real acerca de las resquebrajaduras de la economía y la sociedad mexicanas.
En este marco se ha desatado el conflicto alrededor de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro. Al respecto sólo destaco la argumentación del gobierno para extinguir a dicho organismo descentralizado.
En el Diario Oficial de edición extraordinaria se dice que LFC muestra una comprobada ineficiencia operativa y financiera, representa un costo tan elevado que ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público.
Este mismo argumento podría aplicarse y sin estirarlo prácticamente nada a Pemex, que representa la crisis de gestión más grave de los últimos gobiernos del país y que sigue en su crisis sin fin. También debe someterse a ese mismo criterio al quehacer de los órganos de gobierno, legislación y justicia. Eso si es que hay alguna congruencia en la forma en que se gobierna.
http://www.jornada.unam.mx/2009/10/12/index.php?section=opinion&article=033a1eco