jueves, octubre 23, 2014

IGUALA: EL POLVORÍN QUE NADIE OLIÓ

ESTE TEXTO FUE PUBLICADO EN NEXOS ONLINE EL 20 DE OCTUBRE DE 2014

Iguala: el polvorín que nadie olió

Esteban Iliades
En unos días se cumplirá un mes de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. A la fecha se han encontrado 19 fosas en las afueras de la ciudad de Iguala, y por lo menos 28 cuerpos. Después de las primeras investigaciones, tanto gobierno estatal como federal han dicho que los restos encontrados no pertenecen a los normalistas, pero tampoco se ha dicho de quién son. Un grupo independiente de peritos argentinos también realiza estudios, y se espera que sus resultados estén listos en dos semanas. (El escolta que les asignó el gobierno, por cierto, está desaparecido desde la semana pasada.)
iguala
En declaraciones recientes, el padre Alejandro Solalinde dice que testigos y sobrevivientes le han contado que los 43 “fueron calcinados en una pira de madera”. A la fecha hay más detenidos que desaparecidos –36 policías y varios supuestos miembros del cártel de los “Guerreros Unidos”–. El Procurador federal ha dicho que todavía no tienen información sobre los autores intelectuales.
Mucho se especula de lo sucedido. Desde cómo ocurrió: ¿Dispararon los policías contra los estudiantes? ¿Los entregaron después al cártel? ¿Subieron a alguna de las múltiples fosas que se han encontrado? Hasta quién dio la orden: ¿Fue el presidente municipal? ¿Fue su esposa? ¿Fue uno de los líderes de los Guerreros Unidos?
Poco se sabe al día de hoy. Pero si revisamos lo ocurrido en Iguala durante 2012 y 2013, podemos encontrar información que ayuda a explicar, en parte, la desaparición de 43 estudiantes, la muerte de otros seis y cómo ocurrió con total y absoluta impunidad.
El dueño de la ciudad que se volvió alcalde (o al revés)
José Luis Abarca Velázquez, empresario local, fue uno de los múltiples candidatos “externos” que participaron en las elecciones de 2012. No estaba afiliado al partido, pero tanto integrantes de Nueva Izquierda –la corriente que actualmente dirige el PRD– como el diputado federal Sebastián de la Rosa y simpatizantes de MORENA, como Lázaro Mazón –exsecretario de Salud estatal y supuesto favorito de Andrés Manuel López Obrador para la candidatura a gobernador en 2015– lo cobijaron para que se postulara como abanderado de la coalición “Iguala nos une” (PT, Movimiento Ciudadano y PRD).
De hecho, días después de la desaparición de los normalistas, de la Rosa declaró que Abarca tenía “todo su respaldo”. Mazón, en fechas cercanas, también declaró que “Abarca es mi amigo”. El candidato ganó con el 39.7% de los votos, 12 puntos por encima de su más cercano competidor.
En la elección interna compitió con Justino Carvajal Salgado, sobrino de Félix Salgado Macedonio, exdiputado y senador, así como presidente municipal de Acapulco de 2005 a 2008. Carvajal, como premio de consolación, fue nombrado síndico administrador. El 8 de marzo de 2013, afuera de casa de su madre –hermana de Salgado Macedonio–, fue interceptado por un comando armado. Murió en una ráfaga de balas. (Advertencia, fotos explícitas en la liga anterior.) A un año y medio de su muerte, sigue sin haber autores materiales o intelectuales identificados en el crimen. Salgado ya había sido detenido por un grupo de encapuchados en una ocasión previa.
Abarca, que comenzó vendiendo huaraches en un mercado, transitó a los pocos años a la joyería, y después al desarrollo inmobiliario. Según el Registro Público de la Propiedad de Guerrero, él y su esposa son dueños de 19 inmuebles; entre ellos Galerías Tamarindos, la plaza comercial más grande de Iguala. (Al momento de escribir estas líneas, “La dictadura perfecta” se encuentra en cartelera en el cine local.) En 2014, ya en funciones, se tituló como abogado por parte del Centro de Estudios Universitarios Sor Juana Inés de la Cruz, con sede en Zihuatanejo.
Desde el inicio de su gestión, la característica fue la opacidad. Según la prensa local, durante el primer año de su mandato, el portal de internet “Transparencia Iguala” era una página vacía salvo por una liga al Plan Municipal de Desarrollo 2012-1015. Una de las principales quejas de las múltiples organizaciones locales, agrupadas bajo las siglas FODEG (Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero) era la falta de información específica sobre los gastos del municipio.
Según el primer –y único– informe de Gobierno de Abarca –el segundo hubiera sido por las fechas de la desaparición de los estudiantes–, todavía disponible en línea, de octubre de 2012 a junio de 2013, el municipio erogó 233,174,070.73 pesos (página 22). De éstos, 100,782,667.00 fueron contabilizados como “Servicios personales (sueldo y aguinaldo)” (sic). Es decir, el 43.2% de los egresos fueron a dar a salarios del municipio.
De acuerdo con las acusaciones de los líderes locales, y con documentos en manos de la prensa guerrerense, había en ese año 11 familiares de Abarca en la nómina, sin contar a su esposa, presidenta del DIF local. Entre ellos estaba su hermano como director de Reglamentos, su sobrino como director de Recursos Humanos, su primo como Contralor, y su sobrino como secretario de Seguridad Pública. En total, Abarca y su familia recibían 300 mil pesos al mes del erario, o 2,700,000 pesos del primer presupuesto anual. En términos porcentuales: el 1.15% de los gastos del municipio iban a dar a la familia Abarca. Sin embargo, a pesar de las múltiples quejas, el presidente municipal registró que el portal de transparencia sólo había recibido siete solicitudes en su primer año de operación (p. 18 del informe).
La esposa (in)cómoda
Poca información se tiene de la trayectoria de María de los Ángeles Pineda, esposa de Abarca, y hasta hace un mes presidenta del DIF municipal. Al igual que su marido, se afilió al PRD un mes antes de la elección municipal, pero a diferencia de él, se dedicó a hacer política dentro del partido una vez que obtuvo su credencial. Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), Pineda fue postulada como candidata a consejera estatal del partido en Guerrero y fue elegida con 1,288 votos. En el registro, según los datos, era parte de una fórmula integrada por la Corriente Poder Campesino Popular, así como Nueva Izquierda. Aunque Pineda nunca tomó posesión del cargo. Después de lo ocurrido el 26 de septiembre, su lugar lo ocupó una regidora de Tixtla, Érika Alcaráz Sosa, esposa del diputado local suplente Max Aníbal Hernández. Celso Ortega, padre del diputado titular Bernardo Ortega –actual presidente del congreso local– es acusado de ser el líder de un cártel llamado “los Ardillos”.
Pineda, decían los trascendidos y los columnistas locales en Guerrero, estaba en posición para suceder a su marido en la elección de 2015, en la que también se renovará gobernador en el estado. Sus actos políticos eran fastuosos, y sus vestidos también.Pocas veces los repetía.
A pesar de su casi inexistente biografía política, la familia de Pineda ya había encendido los focos rojos en el gobierno federal en 2009. En una lista de los delincuentes más buscados por la PGR, publicada ese mismo año, hay dos nombres que resaltan: Mario y Alberto Pineda Villa, sus hermanos. Mario, conocido como “el MP” por las siglas de su nombre, y Alberto, “el Borrado” –no confundir con el supuesto jefe Zeta de Apodaca, también apodado igual– , murieron en septiembre de ese año. Un tercer hermano, Salomón, “el Molón”, fue capturado a principios de este mes. Los tres Pineda Villa, según investigaciones reveladas por el CISEN, estaban vinculados con el cártel de los Beltrán Leyva.
Salomón ya había estado preso por narcotráfico, pero fue liberado a mediados de 2013 y, según lo dicho por la PGR, era uno de los líderes de los Guerreros Unidos, el cártel que controlaba Iguala desde hace años.
La relación de los Pineda Villa con los Beltrán Leyva venía por su padre, también llamado Salomón y también acusado de narcotráfico, detenido en Morelos en 2009 a los 73 años de edad. Nada de esto fue impedimento para que Abarca se registrara como candidato y ocupara la alcaldía de Iguala, ni para que en los eventos políticos para impulsar la precandidatura de Pineda, estuvieran, entre otros, el exgobernador del estado, Zeferino Torreblanca.
El único obstáculo para que Pineda llegara a la alcaldía eran las organizaciones políticas locales, unidas bajo el FODEG y la UP (Unidad Popular). Grupos que desde hace décadas han sido parte del orden político local, y que reivindican nombres como el de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, entre otros.
La piedra en el zapato
La historia de Guerrero siempre ha sido una de lucha política y de violencia –para una explicación más detallada, el expediente del número de noviembre de nexos, disponible en los próximos días, contiene un relato de la violencia en el estado desde principios del siglo XX–. No sorprende, entonces, que las organizaciones –políticas, campesinas, estudiantiles– estén siempre presentes en actos políticos, y participen constantemente en manifestaciones y mítines.
En el caso particular de Iguala, la UP y el FODEG eran los principales opositores al gobierno de Abarca, y de alcaldes anteriores. En 2010, por ejemplo, Bertoldo Martínez, líder del FODEG, fue detenido en una marcha para conmemorar la masacre de Aguas Blancas. En octubre de 2012, el FODEG tomó las calles de Chilpancingo para exigir una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre. Los manifestantes pedían que el gobierno federal construyera más obra pública en diversos municipios del estado, que entregara fertilizante a los campesinos locales y que instalara drenaje. También hubo protestas en Iguala, que fueron ignoradas. La primera respuesta vino hasta febrero de 2013, como consta en el acta de la reunión del cabildo. Según la regidora Esther Orea, los campesinos se quejaban que el fertilizante que les daba el gobierno era de “baja calidad” y se “les entregaba tarde” (p.20 del acta). La discusión no llegó a ninguna resolución.
Meses después, en una reunión extraordinaria de cabildo (el 25 de julio), la regidora Sofía Mendoza Martínez dejó constancia en acta de que en las manifestaciones más recientes y la toma del palacio municipal de Iguala habían participado miembros del PRD y del PRI, no sólo de la UP, como había dicho el gobierno local. Los manifestantes exigían lo mismo que le habían pedido a Aguirre en octubre de 2012.
En una reunión del 2 de abril de 2013 –cuya acta está curiosamente desaparecida del archivo electrónico del gobierno municipal–, Arturo Hernández Cardona, líder de la UP, llevó el reclamo a oídos del alcalde y la presidenta del DIF. La discusión subió de tono, y Pineda, esposa de Abarca, llegó a los golpes con Hernández. Según información local, lo “responsabilizó de lo que pudiera suceder”, y después se lo dejó mucho más claro:  “No sabes con quién te metes, cabrón. Te va a cargar la chingada si sigues así…”.
Hernández era el esposo de la regidora Mendoza. “Era”, porque dos meses después de la discusión pública, el 31 de mayo, desapareció tras protestar en la carretera Iguala-Acapulco.
Los primeros desaparecidos
Ocho miembros de la UP, liderados por Hernández, se manifestaron ese día a unos metros de la caseta de cobro de Iguala. Exigían, como en las marchas anteriores, la entrega de fertilizante de buena calidad. La policía estatal les pidió que se retiraran, y según testigos, “lo hicieron de forma amable”. A las cinco de la tarde dieron por terminado el acto. Pero ya nunca regresaron a sus casas. Horas después se encontró su camioneta, abandonada, en el paraje cercano a la caseta.
El día anterior habían hecho pintas en la pared del palacio municipal.
Unos días después, tres de ellos, incluyendo Hernández, aparecieron muertos. Existe el testimonio de uno de los supervivientes, recogido en un acta ministerial de la cualnexos tiene copia y hacemos disponible en esta liga.
Nicolás Mendoza Villa, el testigo, declara que el 29 de mayo, en una reunión de Hernández con Abarca –en la que Pineda también estaba presente–, el alcalde, tras la insistencia de Hernández para que firmara un acuerdo entre ambos, le dijo que “su palabra valía” y “no tenía por qué firmar nada”. A los 15 minutos cerró: “Yo ya me voy. Y no le hago caso a pendejos. Vete a la chingada”. Según relata el testigo, había dos personas armadas flanqueando a Abarca. Una de ellas dijo “Mándalo a la chingada, de todos modos se lo va a cargar la chingada”.
Durante la manifestación del 31, Mendoza recuerda que una mujer en una camioneta roja llegó al lugar alrededor de las 3 de la tarde. Se comunicaba por celular mientras los observaba. Mendoza se puso nervioso, pero Hernández le dijo que no se preocupara. La mujer se fue, pero a la media hora regresó. Hernández siguió sin ponerle atención y los ocho manifestantes se subieron a sus vehículos y emprendieron camino de regreso a Iguala. “A la altura del fraccionamiento San Ángel, antes de llegar al hotel que quemaron en fecha pasada, nos bloqueó el paso una camioneta Cherokee como cuadrada, color gris o azul claro, saliendo de la misma seis hombres con pistolas que vestían ropa negra con un escudo de Ferrari, con gorras y lentes oscuros”. Los encañonaron y gritaron, (sic) “Bájensen hijos de su puta madre, se los llevó la chingada”. Los manifestantes intentaron escapar, pero Hernández recibió un tiro en la pantorrilla y fue golpeado por los hombres armados. En dos camionetas –la otra una Honda Pilot– los llevaron por un camino de terracería, hasta que los bajaron y los hicieron caminar por un monte.
Cuando llegaron al destino, había otros hombres con pistolas. Y había más personas secuestradas. Cuatro hombres y tres mujeres, todos tirados en el piso. Uno de los hombres de negro dijo, según el testigo: “Para perdonarles la vida van a trabajar para nosotros”. Dijeron ser de los Guerreros Unidos. Y dijeron estar bajo las órdenes de Abarca.
Les vendaron los ojos. El testigo relata que por oídas identificó la voz de una de las personas a cargo del secuestro. Era un familiar de Abarca. Es Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública (también prófugo). “A ver ustedes, bola de revoltosos, vengan para acá. A ver si de veras son muy chingones que andan pintarrajeando mi ayuntamiento”.
Acto siguiente los torturaron por un par de horas. Los tuvieron en la misma posición mientras les pegaban. La idea, relata, era esperar hasta que llegaran otras personas. Eran diez los que los tenían encañonados. Los pusieron a cavar una fosa. Era para Hernández.
A la media noche llegó Abarca, cuenta el testigo. Traía una cerveza Barrilito en mano, y se la ofreció a Hernández. Hernández se negó a aceptarla. “Qué tanto estás chingando con el abono”, le dijo Abarca. “Y te dabas gusto de pintar mi ayuntamiento, ahora yo me voy a dar el gusto de matarte”. Abarca lo llevó a la fosa ya cavada. Le puso el cañón del arma en el pómulo izquierdo. Jaló el gatillo. Hernández cayó a un lado de la fosa. Uno de los custodios lo empujó, para que entrara a la que ahora era su tumba. Flores le dijo a Abarca o Abarca le dijo a Flores, según el testigo: “Métele otro putazo para que se lo lleve la chingada. Ya va a llover”.
La fosa se llenó de agua en unos minutos.
El narco, la policía, los normalistas y los grandes cabos sueltos
Iguala, según las múltiples investigaciones –por lo menos desde 2009– era territorio de los Beltrán Leyva y por consecuencia de los Guerreros Unidos. No obstante, “la plaza” cada vez se hacía más chica. A cinco kilómetros de la ciudad, en el municipio de Tepecoacuilco, 2012 fue un año de suma violencia. Balaceras, secuestros y cuerpos regados. Los responsables, según los reportes, no eran los Guerreros, sino los Rojos, otro de los principales cárteles del estado, en el que según un estudio, operan al menos otros ocho. De hecho, dos de los supuestos líderes de los Rojos fueron detenidos en el municipio en mayo de este año. Ambos grupos son escisiones del cártel de los Beltrán Leyva, y según informes de inteligencia, se disputan la ciudad de Iguala.
A pesar del anuncio de Abarca en su primer informe de gobierno, el municipio no ha transitado al “mando único” estatal. La seguridad la seguían llevando los agentes locales, aquellos ahora detenidos como supuestos autores materiales. Según los propios datos de Abarca (p. 67 del informe de gobierno), de los 298 policías adscritos a Iguala, 210 habían presentado el examen de control de seguridad estatal a finales de 2013. De éstos, dijo con orgullo, sólo seis no pasaron el control de confianza.
El papel de los normalistas –y por consiguiente el homicidio de seis de ellos y la desaparición de 43– es mucho más difícil de explicar. Si bien es cierto que participaban en actos en conjunto con la UP y el FODEG, el enfrentamiento con Abarca y Pineda no parece tan claro. De las protestas encabezadas por ellos en Iguala en 2013 resaltan dos, una el 25 de enero contra la reforma educativa federal, no contra el alcalde. Durante la protesta hubo bloqueos, pero según la prensa local, no hubo daños. En la otra, el 13 de noviembre, secuestraron siete autobuses para “botear” por la ciudad durante dos horas.
Sin embargo, el 26 de septiembre, en el evento que extraoficialmente daba inicio a la precampaña de Pineda, decidieron pasar por la ciudad. Pineda bailaba con Abarca, cuando llegó el reporte de seguridad: 80 maestros se dirigían al lugar. No se sabe si “a reventar” el evento, o sólo a botear, como acostumbraban. En cualquier caso, Pineda le dio la orden a Flores: los manifestantes iban a aprender por las malas.
Esteban Illades es editor en Nexos en línea.

LA PAREJA QUE BAILABA ENTRE CADAVERES

ESTE ARTICULO SALIO PUBLICADO EN EL PAIS EL 12 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO LA FIRMA DE JAN MARTINEZ AHRENS



Nicolás Mendoza Villa lo recordaría meses después por escrito en una notaría de la Ciudad de México. A las seis de la tarde del 31 de mayo de 2013, el ingeniero Arturo Hernández Cardona y él vieron cómo dos sicarios empezaban a cavar la que iba a ser su fosa. Ambos estaban presos en un paraje desconocido de Guerrero. Un día antes, les habían secuestrado, pistola en mano, en la carretera hacia Tuxpan junto a otros compañeros de la Unidad Popular, un movimiento de defensa de los derechos de los campesinos. Durante horas les habían torturado con un látigo de alambre. El peor parado había sido su líder, Hernández Cardona. Ya de noche llegaron al lugar dos hombres bien conocidos. Andaban tranquilos y con una cerveza Barrilito en la mano. Eran el alcalde Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su jefe de policía, Felipe Flórez Vázquez. El regidor, con quien Hernández Cardona había mantenido agrias disputas, la última, dos días antes en su despacho municipal, se adelantó unos pasos y ordenó que torturaran otra vez a su adversario político.
—¡Ya que tanto estás chingando, me voy a dar el gusto de matarte!, gritó el alcalde
—"¡Me voy a dar el gusto de matarte!", gritó el alcalde
Acto seguido, su jefe de policía levantó al ingeniero del suelo y, siempre según esta versión ante notario, lo arrastró unos diez metros hasta la recién terminada fosa. Ahí, el alcalde de Iguala le disparó primero a la cara, luego al pecho. El cadáver quedó al descubierto, mientras el cielo oscuro de Guerrero se rompía y empezaba a llover. Otros dos dirigentes de Unidad Popular fueron asesinados.
El hombre que asegura haber visto todo esto y pudo escapar para contarlo fue Nicolás Mendoza Villa, chófer del ingeniero asesinado. Mendoza prestó testimonio ante notario, la esposa del ingeniero presentó denuncia, la prensa aireó el caso y algunos conocidos políticos mexicanos exigieron responsabilidades. La Procuraduría respondió acumulando ocho tomos de diligencias. Pero, como tantas veces sucede en México, nada ocurrió. El alcalde de Iguala siguió gobernando como antes, inaugurando centros comerciales y posando alegre con sus camisas ceñidas y desabotonadas hasta la mitad del pecho. Unas fotos almibaradas donde siempre aparece su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. “Desde entonces reina el miedo en Iguala”, afirma Sofía Mendoza Martínez, concejal del PRD y viuda de Hernández Cardona; una de las pocas personas capaces de romper el círculo del terror y acusar al alcalde mucho antes de que se convirtiese en el hombre más buscado de México por la matanza de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en un oscuro enfrentamiento con la policía y el narco el 26 de septiembre.
El paradero de Abarca es un misterio. Los investigadores dan por hecho que ha abandonado Iguala y dejado atrás los frutos de una fulgurante escalada social que, desde su puesto familiar de vendedor de sombreros de paja y huaraches (sandalias), le abrió las puertas a un emporio de propiedades y negocios. Desde esta plataforma saltó a la política en 2012 con apoyo de un exsenador del PRD, y pese a su inexperiencia ganó las elecciones de Iguala. La culminación de un sueño. O de una pesadilla. El municipio, de 130.000 habitantes, es la tercera ciudad de Guerrero, histórica cuna de la bandera mexicana y un enclave estratégico para los movimientos del narco.
En su ascenso le acompañó su esposa, una mujer de carácter duro, cuya cercanía dibuja una sombra tenebrosa. Dos de sus hermanos sirvieron a las órdenes del histórico capo Arturo Beltrán Leyva. Pero tuvieron una carrera corta. Ambos fueron ejecutados en 2009 cuando se quisieron separar del llamado Jefe de Jefes. Un tercer hermano, aún vivo y recientemente detenido, penó por narcotráfico y ahora se presume que es uno de los cabecillas de los Guerreros Unidos, el sanguinario cartel surgido de las cenizas del imperio de Beltrán Leyva y que controla Iguala. Para culminar la trama familiar, la madre ha sido señalada por los servicios de inteligencia como testaferro del narco.
En una tierra con una tasa de homicidios tres veces mayor que la mexicana y 20 veces la española, las palabras de una mujer con estas credenciales eran escuchadas con mucha atención. A medida que pasaban los meses, su participación en los asuntos políticos, según admiten dirigentes del PRD, fue cada vez mayor, hasta el punto de que ya pensaba postularse como candidata a la alcaldía en 2015. Para ello había logrado ser elegida consejera estatal del PRD y dirigía un organismo municipal, el denominado Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Nada parecía capaz de frenarla. Eso era lo que se pensaba hasta la noche del 26 de septiembre. Ese viernes tenía que ser un día grande para ella. Presentaba el informe de actividades del DIF en la plaza de las Tres Garantías, en el zócalo de Iguala, un espacio reservado para las grandes ocasiones. El pistoletazo de salida de su carrera electoral.
El acto empezaba a las seis de la tarde, justo a la hora en que dos autobuses procedentes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, un semillero de la izquierda radical mexicana, entraban en el municipio. El grupo, formado por estudiantes de magisterio de 18 a 23 años, acudía a la ciudad a recaudar fondos para sus actividades. La policía municipal estaba esperándoles. Sus enfrentamientos con el alcalde y su esposa eran notorios. Ya después del asesinato del ingeniero Hernández Cardona habían atacado el ayuntamiento y señalado al regidor como culpable. Esa tarde, tras dar vueltas por la ciudad, se dirigieron hacia el zócalo.
Un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) avanzado por El Universal señala que la esposa del alcalde pidió al director de la policía municipal, Felipe Flórez Velázquez, que impidiera la llegada de los jóvenes. La orden, cómo no, fue obedecida. No tardó en darse el primer encontronazo entre los agentes y los normalistas. Hubo gritos y algún enfrentamiento físico. Lo habitual. Los estudiantes se retiraron hacia la estación de autobuses. Allí se apoderaron de tres vehículos para volver a su escuela. Pero a la salida les esperaban los agentes. Esta vez hubo tiros. Los normalistas se defendieron a pedradas y lograron romper el cerco. El alcalde, informado de la algarada, pidió entonces, según el citado informe, un escarmiento. Fue entonces cuando alguien llamó a la muerte. En sucesivos ataques, la policía, con apoyo de sicarios de Guerreros Unidos, inició una salvaje persecución de los jóvenes. A tiros mataron a dos, a otro lo desollaron vivo y le vaciaron las cuencas de los ojos. Tres personas más, entre ellos un chico de 15 años, murieron a balazos al confundir sicarios y agentes un autobús que transportaba a futbolistas de Tercera División con normalistas. Y otros 43 estudiantes fueron secuestrados por los policías y supuestamente entregados a una fracción ultraviolenta de Guerreros Unidos llamada Los Peques. El pánico se apoderó de Iguala. Bares y comercios cerraron sus puertas. Pero de todo ello, el alcalde y su esposa, según su propio testimonio, nada supieron. Ellos acudieron a una fiesta y bailaron juntos rancheras mientras fuera, en una noche sin apenas luna, la barbarie rugía.
Nadie les creyó. Pero tampoco nadie les detuvo. A los dos días de la matanza, tras pedir licencia del cargo y asegurarse mediante un juez federal de que como aforado no podía ser arrestado hasta nueva orden, Abarca y su esposa se esfumaron. Lo mismo hizo el jefe de la Policía Municipal. México, desde entonces, se ha visto cara a cara con la negrura de 43 desaparecidos y unas fosas repletas de cadáveres. Ellos aún siguen libres. Y el asesinato del ingeniero Hernández Cardona, sin culpable.

jueves, octubre 16, 2014

LA INDUSTRIA CRIMINAL EN MÉXICO

ESTE ARTICULO SALIO PUBLICADO EN EL PAIS DEL 16 DE OCTUBRE DE 2014

La industria criminal en México

Todo parece indicar que el Gobierno municipal y el crimen organizado actuaron de manera coordinada en el artero asesinato de seis estudiantes normalistas y la desaparición forzada de 43 de sus compañeros en la ciudad de Iguala, en el sureño Estado mexicano de Guerrero. En medio del duelo, la indignación y la movilización nacional el país se pregunta sobre las razones que llevaron a un Gobierno local dominado por el crimen organizado a ordenar una masacre de estudiantes pertenecientes a uno de los colectivos sociales más antiguos y combativos del país.
Si el principal negocio del crimen organizado en México es el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, ¿por qué asesinar estudiantes que no tienen ninguna relación con el negocio?
Para entender los motivos represores del crimen organizado hay que empezar por reconocer uno de los cambios más importantes en la industria criminal de los últimos años: en Estados como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, el crimen organizado ya no solo intenta monopolizar el trasiego de la droga sino que ahora ha pasado a una nueva fase en la que uno de sus grandes objetivos es la toma del poder local, apoderarse de los municipios y sus recursos y extraer la riqueza local a través de la tributación forzada.
En zonas del país donde diferentes grupos criminales se disputan el control del tráfico de droga, para sufragar estos conflictos el crimen organizado fue paulatinamente expandiendo su acción a industrias extractivas de recursos naturales —la toma clandestina de gasolina, petróleo y gas— y de riqueza humana —la extorsión y el secuestro—. En esta nueva estrategia los grupos criminales encontraron un nuevo y valioso botín: el municipio y sus contribuyentes. Como lo demuestra la terrible experiencia de Michoacán, el crimen organizado se apropiaba del 30% del presupuesto anual de obra pública de los municipios; exigía que los contratos de obra pública se otorgaran a constructoras bajo su control; y cobraba el 20% de la nómina salarial de la burocracia local. Pero la infiltración del municipio fue más allá: los grupos criminales se apoderaron de los catastros públicos municipales donde obtenían información fidedigna que les permitiera extorsionar con mayor eficacia a los hoteles, restaurantes y pequeños negocios de las ciudades bajo su dominio.
Ser autoridad pública se ha convertido en muchos municipios en un empleo de alto riesgo
Para apoderarse de los municipios y sus contribuyentes, los grupos criminales empezaron por doblegar a las autoridades locales. Mediante el soborno o la coerción, fueron subordinando a los presidentes municipales en las zonas de conflicto. Aunque en el imaginario nacional está más presente el soborno y la corrupción de los alcaldes, hay también una larga lista de autoridades municipales, candidatos y activistas políticos locales que han sufrido atentados o han sido asesinados por el crimen organizado. Con un equipo en la Universidad de Notre Dame, mi colega Sandra Ley y yo hemos identificado más de 300 atentados y ejecuciones de autoridades locales por parte del crimen organizado en los últimos seis años. Los Estados vecinos de Michoacán y Guerrero encabezan la lista con más de un tercio del total de ataques y en Guerrero las zonas Norte, Tierra Caliente, Costa Grande y Centro son los focos de la violencia. En estos municipios, donde ser autoridad pública se ha convertido en un empleo de alto riesgo, el crimen organizado ha empezado a postular a sus propios candidatos, como parece haber sido el caso del alcalde de Iguala.
Para lograr la hegemonía local, los grupos del crimen organizado requieren de una sociedad desarticulada y aterrorizada, incapaz de cuestionar y desobedecer los dictados de las autoridades de facto. Por ello los criminales buscan establecerse en zonas con poca organización social. Pero cuando las zonas estratégicas para el trasiego y la producción de droga están en lugares donde operan fuertes movimientos sociales y comunitarios —como Iguala—, los grupos criminales intentan doblegar a los colectivos sociales mediante la compra de sus líderes o mediante la represión selectiva y ejecuciones ejemplares.
La masacre de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue una acción estratégica y premeditada para sembrar el terror y doblegar a los grupos de la sociedad civil que en Iguala y en municipios aledaños participaban en distintos procesos de articulación social —incluyendo policías comunitarias— para hacerle frente a las extorsiones, secuestros y asesinatos por parte del crimen organizado y de las autoridades públicas a su servicio.
La masacre fue un acto de reconstitución del poder local; una acción barbárica mediante la cual el grupo criminal Guerreros Unidos quiso dejarle en claro a los movimientos sociales de la región quién era el mandamás. Fue, también, una ejecución ejemplar para incentivar a los ciudadanos y a los pequeños y medianos empresarios y comerciantes de la región a continuar pagando el “derecho de piso” y con ello consolidar la toma criminal del poder en la zona.
La matanza quiso mandar un mensaje a los grupos sociales sobre quién es el mandamás en la región
Estos intentos despóticos de reconstituir el poder local mediante la violencia barbárica son posibles por la protección informal que los grupos del crimen organizado han venido tejiendo y retejiendo por décadas en las procuradurías estatales, en las policías ministeriales, en los ministerios públicos, en las prisiones y en las delegaciones estatales de la Procuraduría General de la República (PGR). Aunque en México hoy se vea al municipio como el eslabón más débil de la gobernanza nacional y se le identifique como la guarida desde donde opera el crimen organizado con el cobijo de las autoridades locales, en múltiples entrevistas con exgobernadores de diferentes partidos —incluidos exmandatarios de Michoacán y Guerrero— insistentemente he escuchado que las policías ministeriales en los Estados están fuertemente infiltradas por el crimen organizado. Son ellas las que hacen posible la impunidad criminal en los municipios y facilitan la reconstitución de facto del poder local.
Estos actos brutales de reconstitución del poder local en Guerrero son posibles, también, por la larga historia de impunidad de la que han gozado los gobernantes del Estado desde los años dorados del autoritarismo priista hasta nuestros días. La brutalidad de la guerra sucia de los Gobiernos del PRI en contra de grupos guerrilleros y estudiantiles disidentes de los años setenta alcanzó en el caso específico de Guerrero niveles equiparables a las guerras sucias de Chile y Argentina. Pero estos actos quedaron impunes y la misma clase política que asesinó a disidentes sociales se ha mantenido en el poder bajo el cobijo del PRI y ahora de la izquierda partidista. Aunque el mundo ha cambiado y México y Guerrero han cambiado, la impunidad es la constante. Y esa impunidad hace posible las matanzas de Aguas Blancas y El Charco y ahora la ignominia de Iguala.
En Guerrero, gobernantes y criminales, ya sea separados o coludidos, saben que atacar a la ciudadanía e intentar eliminar a grupos sociales disidentes son crímenes que no se castigan. Cuando el alcalde de Iguala o su secretario de Seguridad o el subsecretario ordenaron los disparos en contra de los estudiantes y entregaron a los detenidos a los sicarios para que dispusieran de ellos, tenían, tristemente, una larga historia de impunidad de su lado. Cuando los sicarios de Guerreros Unidos torturaron, desaparecieron o ultimaron a los estudiantes, se cobijaron tras el manto protector de la impunidad. Es la impunidad lo que le permite igualmente al gobernante que al criminal asesinar sin chistar.
En la masacre de Iguala convergen pasado, presente y futuro. Entender la masacre solamente como un repudiable acto del crimen organizado es atender al presente sin entender el pasado. Pero interpretar este abominable hecho solamente como un crimen de Estado es mirar al presente con ojos del pasado. Para evitar que la masacre derive en un estallido social, el Gobierno federal y la sociedad civil tendrán que atender tanto lo criminal —en toda su nueva complejidad ahora que los grupos criminales quieren reconstituir la política local— como lo estatal —con la dificultad que conlleva que el Estado se vea en el espejo de la violencia—. Lo cierto es que un mejor futuro para Guerrero se podrá fincar solamente cuando le pongamos fin a una larga historia de impunidad política que alimenta y le da vida a un presente de violencia criminal.
Guillermo Trejo es profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad de Notre Dame y fellow del Kellogg Institute for International Studies.

domingo, octubre 12, 2014

LA BANALIDAD DEL MAL: CRIMENES EN MÉXICO

Después de presenciar la inconmensurable ola de crímenes no resueltos, personas desaparecidas, jóvenes reprimidos, guerras entre criminales, y finalmente el acto de barbarie en Iguala, pienso en el célebre dicho del coronel Kurtz en Apocalpyse Now: "No creo que existan palabras para describir todo lo que significa, a aquellos que no saben qué es, el horror."
Pero lo que significa una década de estar presenciando este horror –algunos en silencio y otros afortunadamente, movilizándose y resistiendo con sus mejores armas cívicas- me ha recordado el texto de Hannah Arendt: Eichmann en Jerusalén. El subtítulo que generó la polémica lo tomo prestado para este artículo.
Arendt ofreció un reportaje al New Yorker sobre el juicio al criminal Eichmann que se realizaría en Jerusalén después de su secuestro en Argentina. Del reportaje surgió el libro y en medio se desató un enorme debate promovido no sólo pero sí de manera significativa por muchos prominentes judíos de Nueva York. Algunas afirmaciones iniciales fueron corregidas y matizadas en el libro pero sus afirmaciones centrales permanecieron.
En este artículo me refiero particularmente a la afirmación que Eichmann culpable sin duda de crímenes que llevaron  al exterminio de millones de seres humanos – y en consecuencia en opinión de Arendt, merecedor del castigo mortal al que fue condenado-  no era un monstruo desequilibrado sino un burócrata mediocre celoso del cumplimiento de las órdenes de sus superiores y sobre todo de quien consideraba el origen de todas las órdenes legítimas, Hitler mismo. Hannah Arendt se refiere al vacío intelectual y moral de Eichmann, al hecho que su incapacidad de hablar de manera coherente durante el juicio estaba íntimamente conectada con su incapacidad para pensar desde la perspectiva de los demás. En su opinión personificaba mas que el odio o la locura algo peor: “la naturaleza sin rostro del mal nazi en sí mismo enmarcado en un sistema cerrado manejado por gangsters patológicos y guiado a desmantelar la personalidad humana de sus víctimas”. En una de sus grandes obras, Los orígenes del totalitarismo, argumenta en el marco de la noción kantiana del mal radical. Pero en su libro sobre Eichmann y en las polémicas que siguieron insistió que “sólo el bien es radical, el mal puede ser extremo pero no radical porque no tiene profundidad ni una dimensión demoníaca y sin embargo tiene la capacidad de expandirse como hongos sobre la faz de la tierra” Y sentencia que el mal proviene de una falla para pensar.
Eso es a lo que se refiere cuando habla de la banalidad del mal. No que el mal sea insignificante sino que al contrario porque aparece realizado por gente normal y mediocre y no sólo por gente desequilibrada, tiene efectos más devastadores. No se trata de exculpar a criminales sino entender la manera como el mal puede extenderse si no hay contrapesos sociales, resistencia y denuncia explícita. ( Me he basado en la versión de Penguin Books, 2006 y los entrecomillados son de la introducción de Amos Elon).
En estas horas trágicas para nuestro país no sugiero analogía alguna entre los regímenes surgidos de la transición y las alternancias con un régimen específico denominado fascista o nacionalsocialista. Lo que emergió en la transición electoral culminada en 1997 en México, fue un régimen político ensimismado en tres partidos principales en una democracia frágil y vulnerable, y un Estado no reformado y disfuncional a las nuevas circunstancias sociales y políticas del país.

En cambio es indispensable entender que la indiferencia ante tantos muertos, la idea que surgió en algunos círculos hace algunos años que mientras se mataran entre criminales no era una cosa grave, o que se trata de un lío entre los políticos porque los ciudadanos nos tenemos poder para hacer nada al respecto propicia, a partir de la impunidad, la expansión de un mal que corrompe a nuestra sociedad.

domingo, octubre 05, 2014

PESO DE LAS MOVILIZACIONES SEGUN THE ECONOMIST

Measuring people power

How do Hong Kong’s protests stack up against other displays of people power? They are brave and important, posing the biggest challenge from the streets to China’s government since Tiananmen Square in 1989. But in absolute numbers they are small: 100,000 is a fraction of the number of Catalans who marched in Barcelona last month seeking a referendum on independence from Spain; of Brazilians who demonstrated against corruption and poor public services in June 2013; or of Egyptians who took to Cairo’s streets a few days later to demand the resignation of the president, Muhammad Morsi.

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Acerca de mí

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He sido dirigente del movimiento estudiantil de 1968, dirigente en el PMT, miembro fundador del Movimiento de Acción Política y del PSUM en los setentas. Miembro Fundador de la UNORCA. De abril a julio de 2006 fui el coordinador general de la campaña presidencial de Patricia Mercado. Como funcionario público he sido Subsecretario en la Secretaría de Agricultura, y Subsecretario en la Secretaría de la Reforma Agraria en México entre 1988 a 1994. En 1995 me desempeñé como Director de Desarrollo Rural de la FAO en Roma y desde 1997 hasta 2005 fungí como Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Como escritor soy miembro Fundador de La Jornada y colaborador de la Revista Nexos. De 2006 a 2009 fui profesor visitante en el Taller de Teoria Política de la Universidad de Indiana en Bloomington, dirigido por los profesores Vincent y Elinor Ostrom. He concluido dos libros listos para buscar un editor sobre la transición política en México. También acabo de concluir hace unas semanas una novela intitulada "esa pasión devoradora".